La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba recibió a víctimas de la última dictadura militar, quienes apoyaron el proyecto de ley de la legisladora Luciana Echevarría. Esta iniciativa busca crear una pensión denominada Reparación Histórica Provincial para ex presas y presos políticos, hijos e hijas, y exiliados víctimas del terrorismo de Estado.

La reunión, encabezada por la presidenta de la Comisión, Inés Contrera (UCR), contó con testimonios conmovedores de sobrevivientes y familiares.

Osvaldo Rey recordó los años de sufrimiento debido a las torturas y persecuciones, y su hija Analía Rey enfatizó: “Somos víctimas en el pleno sentido sociológico, psicológico y jurídico del término, como sujetos que han sido dañados en sus cuerpos, en sus psiquis, y socialmente. Hemos vivido muchos años de tortura física, psicológica y persecuciones, incluso posterior al año 83, con móviles de los servicios de inteligencia, como en mi caso, dando vueltas hasta en la escuela. Tenemos compañeros, hijos que han vivenciado la violación de sus padres cuando allanaban sus casas, por mencionar una de las tantas aberraciones que vivimos”.

Echevarría destacó la importancia de aprobar el proyecto para reparar a las víctimas y reconocer su papel en la recuperación de la memoria histórica. “Estamos en deuda con las víctimas del terrorismo de Estado. Por eso la volvemos a presentar este año, dada la importancia del tema. Hoy más que nunca y ante lo que pasa a nivel nacional, tenemos que marcar diferencia y también reparar no solo por las violaciones que han sufrido, sino también por la importancia que ellos han tenido en el proceso de recuperación de memoria como sobrevivientes. Es por esa doble condición que debemos repararlos y la Provincia tiene que tomar cartas en el asunto y por eso estamos insistiendo con este proyecto”, señaló.

Analía Rey urgió a que el proyecto se debata en el recinto legislativo: “Salgamos por favor de la Comisión y que los representantes del pueblo decidan qué quieren votar. Si no ocurre, después vendrán los nietos a pedir exactamente lo mismo: que se ponga en discusión de todos los legisladores y legisladoras, un proyecto reparatorio real”. Indicó que esto significa otorgar una pensión permanente y no un subsidio, incluir a los hijos e hijas y a los exiliados forzosos, y ampliar el periodo de 1972 al 10 de diciembre de 1983 debido al accionar represivo de las Fuerzas Armadas y otros grupos por causas políticas.

Víctor Fourcade, otro sobreviviente, relató la falta de apoyo psicológico durante sus 8 años de prisión y prometió seguir luchando: “Por eso, no vamos a bajar los brazos, este es nuestro límite. Todas las organizaciones de derechos humanos vamos a volver a marchar todas las veces que sea necesario para que se apliquen las leyes que se votaron a nivel internacional y que contemplan este tipo de reparaciones”. La reunión contó con la presencia de otras víctimas y legisladores que expresaron su solidaridad y compromiso con el tema.